Desde marzo a diciembre del 2009 el número de aparatos fichados en la provincia pasó de 437 a 948 José Magaz | presidente de los hosteleros

La instalación de cámaras de videovigilancia en el interior de los establecimientos públicos se ha disparado a lo largo de este año en Pontevedra y, en general, en toda la provincia hasta el punto de aumentar más del doble en menos de un año.

La Agencia Española de Protección de Datos tenía registrados el 31 de diciembre del 2009 un total de 948 ficheros correspondientes a los dispositivos existentes en la provincia frente a los 437 que había a fecha 1 de marzo de ese mismo año.

Este tipo de ficheros pueden pertenecer a más de una cámara como sucede con los centros comerciales. Siempre que graben y generen una base de datos tienen que ser notificados a la Agencia de Protección de Datos. Si solo reproducen en tiempo real no requieren este trámite, aunque sí otros como el aviso a los clientes mediante un cartel en el que se hace constar que cuenta con cámara de videovigilancia. Además, no podrán enfocar hacia la vía pública y solo grabarán el interior.

Bares

El mayor aumento de cámaras se da en la hostelería, tanto en restaurantes y cafeterías, como en bares, incluso con una superficie muy reducida, en muchos de los cuales no se advierte al usuario de su existencia.

Esta forma de actuar puede dar lugar a denuncias ante la Agencia y generar desde faltas leves a muy graves, en función de las circunstancias. La cuantía de las multas oscila entre 600 y 600.000 euros.

La mayoría de los comerciantes y hosteleros pontevedreses justifican su instalación por una mayor seguridad, tanto para los trabajadores como para la clientela. De hecho, en más de una ocasión les ha ayudado a detectar a los autores de robos y, sobre todo, a evitarlos.

Los empresarios admiten que contribuyen a evitar tentaciones de robos entre los propios trabajadores y a eliminar los despidos por esa causa. Hasta ahora las cámaras colocadas en el interior de los establecimientos tenían que ser instaladas por una empresa de seguridad del Ministerio del Interior, algo que la Ley Ómnibus elimina, al permitir que este trabajo pueda ser realizado por otros instaladores.

Fuente: La Voz de Galicia
Fecha: 27/01/2010