Al Parlamento Europeo no le gusta que le den gato por liebre y mucho menos en asuntos relacionados con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ayer, los eurodiputados de la comisión de libertades civiles lanzaron una contundente advertencia a los gobiernos europeos que negociaron y cerraron con nocturnidad el pasado 30 de noviembre un acuerdo interino con Estados Unidos para permitir a las autoridades de ese país acceder a los datos bancarios de los ciudadanos europeos, que gestiona el consorcio Swift dentro de la llamada lucha contra el terrorismo.

La mayoría de los eurodiputados cree que el acuerdo no garantiza la privacidad de los ciudadanos y denuncia que no hay ni "proporcionalidad" ni "reciprocidad", porque las autoridades europeas no pueden acceder en las mismas condiciones a los datos de los clientes estadounidenses. Pero lo que más les duele es que los Veintisiete no tuvieron en cuenta la opinión de la Eurocámara a la hora de negociar un acuerdo tan importante y, sobre todo, que lo aprobaron tan sólo un día antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa que, precisamente, otorga poder de decisión a los eurodiputados en esta materia.

La ponente del informe, la liberal holandesa Jeannine Hennis-Plasschaert, insistió ayer en que el pacto "viola los principios básicos de la ley de protección de datos", como los principios de "necesidad y proporcionalidad", y advirtió que la transferencia de datos no está sujeta a una autorización judicial ni a ningún límite temporal y que tampoco está claro si Estados Unidos puede compartir esos datos con terceros países o no. Además, la holandesa rechazó todos los contraargumentos que alertan de un "agujero" en la seguridad y explicó que, desde este año, ya se aplican nuevas disposiciones en materia de cooperación judicial entre la UE y Estados Unidos que permiten el acceso a datos financieros a través de las autoridades nacionales.

Aunque los representantes de la Comisión Europea intentaron tranquilizar a los eurodiputados explicando que se trata tan sólo de un acuerdo interino por nueve meses y que después negociarán todos juntos uno definitivo, la comisión de libertades recomendó mayoritariamente rechazar el acuerdo. "Ahora que ha entrado en vigor el Tratado de Lisboa necesitamos una base más sólida y vinculante y, por ello, la Comisión quiere un mandato para negociar un acuerdo de protección de datos entre la UE y Estados Unidos. Debe contar con una consulta amplia y, por eso, acudimos aquí", aseguró ayer el director general en la dirección de Justicia y asuntos de interior, Jonathan Faull.

La decisión, adoptada por 29 votos a favor, 23 en contra y una abstención, no es definitiva y augura un disputado pleno, pero supone una "clara advertencia" a los gobiernos. El pleno de Estrasburgo tendrá la última palabra el próximo jueves. Hennis-Plasschaert insistió ayer en que los gobiernos han tenido dos meses para acercar sus posturas con la Eurocámara, pero se mostró confiada en que el Consejo les presentará compromisos concretos en un futuro inmediato. "Si lo hacen, podemos posponer el voto, aunque no daremos luz verde al acuerdo", explicó sobre un texto que les plantea muchas reservas legales.

En esta misma línea, el líder de los populares, Joseph Daul, criticó la mala gestión del acuerdo pero urgió a los gobiernos a responder en la sesión plenaria de la próxima semana a las preocupaciones parlamentarias. Para el grupo Izquierda Unitaria Europea, la lucha contra el terrorismo no puede justificar la violación de los derechos fundamentales y la protección de datos debe obedecer los principios de necesidad y proporcionalidad.

Fuente: Deia
Fecha: 05/02/2010